Ecuador enfrenta una crisis tras la desaparición de cuatro adolescentes en un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico. La situación ha llevado a una fuerte movilización social y críticas al gobierno del presidente Daniel Noboa, quien intenta adoptar una postura similar a la de Donald Trump al calificar a los cárteles de droga como grupos terroristas. Noboa declaró que esta clasificación es necesaria para abordar la violencia que azota al país, pero su administración ha sido acusada de no cumplir con los compromisos de justicia y seguridad.
Los jóvenes desaparecidos, todos ellos afroecuatorianos, fueron vistos por última vez el pasado 8 de diciembre y se afirma que su detención estuvo relacionada con fuerzas militares. A pesar de la negativa inicial de las autoridades sobre su implicación, la divulgación de un video ha demostrado lo contrario, generando mayor indignación y llamados a la rendición de cuentas. Este caso se suma a más de nueve denuncias de desapariciones forzadas en 2024, lo que resalta una preocupante tendencia de abusos de poder dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
En medio de esta crisis, la Asamblea Nacional ha convocado al ministro de Defensa para que explique la actuación de los militares en este caso, demandando respuestas claras y efectivas. Simultáneamente, la vicepresidenta Verónica Abad se enfrenta a un obstáculo tras un fallo judicial favorable para su reinstalación, encontrando las puertas de su oficina cerradas y la presencia de policías impidiendo su ingreso. Esta serie de eventos pone de manifiesto la inestabilidad política y social que atraviesa Ecuador en la actualidad.
