El gobierno de Ecuador enfrenta serias acusaciones por la presunta desaparición forzada de cuatro niños, un caso que ha conmovido a la sociedad y desatado críticas contra la administración de Daniel Noboa. Las familias de los menores, que fueron vistos por última vez el 8 de diciembre en Guayaquil, han solicitado justicia, llevando su demanda ante la jueza Tanya Loor Zambrano, quien aceptó un habeas corpus y responsabilizó al Estado ecuatoriano.
En medio de la angustia navideña, surgieron reportes sobre la posible identificación de varios cuerpos incinerados cerca de Taura, una parroquia rural donde se encontró evidencia de la detención. La identificación de los cuerpos mediante análisis de ADN puede prolongarse hasta la fecha programada para obtener resultados confiables. Mientras tanto, el clima de incertidumbre sigue afectando a las familias y a la opinión pública.
El caso ha provocado un torrente de reacciones vehementes en redes sociales bajo el hashtag “Devuelvan con vida a #LosCuatroDeGuayaquil”. Los soldados involucrados, cuya intervención fue registrada en video, están bajo arresto, pero las condiciones de su detención han suscitado preocupaciones sobre un posible encubrimiento. Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una respuesta clara y la presión sobre la administración de Noboa continúa creciendo, en medio de cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia ante estos sucesos tan alarmantes.
