El gobierno chileno enfrenta una controversia importante tras el intento fallido de adquirir la casa de Salvador Allende, que había sido concebida como un museo para preservar su legado. La situación se complicó cuando la oposición denunció la implicación de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la senadora Isabel Allende Bussi, quienes son familiares directos del ex presidente. La legislación chilena prohíbe que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado, lo que ha llevado a la cancelación de la operación.
El anuncio de la compra, que incluía un desembolso de aproximadamente 933 mil dólares por la propiedad y un millón 300 mil por otras dos vinculadas al ex presidente Patricio Aylwin, se realizó el 31 de diciembre, justo antes de que el presidente Gabriel Boric emprendiera un viaje histórico al Polo Sur. Este chasco administrativo ha restado importancia al viaje y ha desatado críticas sobre la gestión de la administración actual.
A pesar de la controversia, Boric defendió la integridad de la familia Allende y subrayó que no había intención de obtener beneficios económicos a través de esta transacción. El ministerio de Bienes Nacionales ha decidido detener el proceso hasta que se aclare la situación legal.
